Estados Unidos implementó aranceles adicionales entre 10% y 12,5% a 60 países, incluido Chile, argumentando esfuerzos insuficientes en la prohibición de importaciones producidas con trabajo forzoso. La medida, basada en investigaciones iniciadas en marzo bajo la Sección 301 de legislación comercial estadounidense, sustituye gravámenes temporales anteriores. El gobierno chileno rechazó los fundamentos de la decisión, señalando que no acusa a Chile de exportar bienes producidos bajo esas condiciones.