El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos de parlamentarios de oposición y declaró inconstitucionales disposiciones de la ley Escuelas Protegidas. La presidenta Daniela Marzi utilizó su voto dirimente en tres ocasiones para inclinar la balanza hacia la inconstitucionalidad de normas sobre intervención policial, restricciones a vestimentas y pérdida de gratuidad. El tribunal consideró que estas disposiciones no cumplían con estándares de proporcionalidad constitucional y vulneraban derechos de menores de edad.