Una nueva reforma constitucional sobre seguridad fue presentada en el Senado el 8 de octubre de 2026 con apoyo de múltiples sectores políticos. La iniciativa aborda tres áreas principales: crimen organizado, segregación carcelaria y modificaciones al estado de emergencia constitucional. Entre sus cambios destaca la posibilidad de que el Ejecutivo invoque preventivamente el estado de excepción ante amenazas potenciales, además de ampliar facultades del Congreso para fiscalizar y revocar decisiones presidenciales.