El gobierno presentó una agenda de seguridad que incluye una reforma constitucional y 28 proyectos de ley, mientras la oposición mostró disposición selectiva al diálogo pero planteó críticas sobre medidas faltantes. Los sectores de centro-izquierda expresaron apertura a negociar, mientras que la izquierda y el comunismo rechazaron aspectos centrales de la propuesta. El Ejecutivo busca tramitar la reforma por el Senado en los próximos meses aprovechando la actual composición parlamentaria.