El Gobierno decidió bajar la urgencia legislativa del proyecto de reforma constitucional de seguridad pública luego de las críticas recibidas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo. La iniciativa propone incorporar la seguridad pública como deber estatal explícito mediante modificaciones al artículo 1° de la Constitución. También incluye la creación de un nuevo estado de excepción como medida central dentro de las transformaciones constitucionales planteadas.