El Gobierno presentó una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que permitiría juzgar a menores de 16 y 17 años bajo el sistema penal adulto en casos de delitos graves como homicidios, secuestros y robos violentos. La propuesta descarta bajar la edad penal a 13 años, como sugieren algunos sectores. El debate legislativo también incluye discusiones sobre reinserción social y medidas de prevención enfocadas en apoyo familiar.