El Ejecutivo ingresó una reforma constitucional en materia de seguridad que incluye un nuevo estado de excepción que permitiría al Presidente suspender libertades individuales por hasta 240 días. La propuesta ha generado cuestionamientos desde la oposición y divisiones internas en el oficialismo respecto a sus implicancias para derechos fundamentales. Entre las medidas destacan restricciones a la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de inhabilitaciones para condenados por delitos graves.