El Gobierno presentó ante el Senado una reforma constitucional de seguridad pública con suma urgencia, que contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental. La iniciativa, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fue reducida de once medidas originales tras incorporar reparos del oficialismo. Entre las medidas se incluyen un nuevo estado de excepción de hasta 120 días, registro de organizaciones ilícitas, regímenes penitenciarios diferenciados y ampliación de causales para declarar estados de excepción.