El Gobierno retiró la suma urgencia de su reforma constitucional de seguridad y rediseñó componentes clave tras negociaciones con parlamentarios del oficialismo. Los cambios incluyen eliminar facultades presidenciales discrecionales para designar organizaciones criminales, reducir el estado de excepción a 30 días y exigir autorización senatorial. Simultáneamente, el Ejecutivo impulsa con discusión inmediata diez proyectos de seguridad adicionales, mientras persisten divisiones internas sobre los alcances de las medidas.