La Contraloría General de la República emitió un dictamen concluyendo que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert actuó fuera de sus facultades legales al requerir información detallada a la PDI sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso. El organismo determinó que la información solicitada no era necesaria para las funciones de planificación del ministerio y vulneraba el deber de abstención debido a un potencial conflicto de interés con su anterior rol como fiscal regional. El pronunciamiento responde a denuncias presentadas por diputados de oposición.