La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes sobre una investigación penal en curso a la Policía de Investigaciones. El organismo fiscalizador concluyó que la información requerida no era necesaria para funciones de planificación ministerial y vulneraba deberes de abstención legal. El Ejecutivo acató la resolución y la exministra argumentó haber actuado por temor a comprometer operaciones contra el crimen organizado transnacional.