La Cámara de Diputadas y Diputados se disponía a votar tres vetos presidenciales al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Los vetos buscaban eliminar disposiciones sobre derecho al olvido financiero, prohibición de anatocismo y garantías de pago a 30 días para pymes. La Comisión de Hacienda había recomendado su aprobación con respaldo de múltiples bloques parlamentarios.