El Gobierno argentino activó procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas tras detectar operaciones aéreas de una empresa británica entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Simultáneamente, instruyó a su Cancillería iniciar un arbitraje internacional bajo la Convemar para detener el proyecto petrolero británico "Sea Lion" en aguas de la cuenca normalvinense. Chile manifestó apoyo a la posición argentina, aunque señaló la necesidad de considerar los intereses de los isleños y la libertad comercial regional.